Sábado 29 de marzo 2025

Ejecutivo congela aplicación de la disposición séptima del PGE, continuará diálogo con sectores



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El ministro de Justicia, César Siles, informó este martes la suspensión de la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realice la evaluación sobre su constitucionalidad; sin embargo, anunció que se definirá la convocatoria a un nuevo diálogo de manera bilateral con los sectores movilizados que deseen atender otras peticiones fuera de la disposición congelada.

“Hemos recibido una notificación formal, como Gobierno, donde el TPC ante una acción de inconstitucionalidad abstracta, decide en medida cautelar suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del PGE. Por tanto, la misma ha quedado suspendida, no se va a reglamentar (…). No obstante, vamos a citar de manera bilateral, a cada una de las organizaciones interesadas en asistir al diálogo, ya no por este tema; sino para atender otras peticiones que tienen los sectores movilizados”, indicó.

Mediante una notificación de la Vicepresidencia del Estado, sobre la aplicación de un auto constitucional 060/2025, fue como la cartera de Justicia recibió el aviso formal emitido por el TCP, el pasado 18 de marzo, donde se determinó su suspensión, en atención a una acción de inconstitucional presentada por el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca.

La autoridad reconoció que la mencionada disposición era el tema central de los debates que se desarrollaron con 13 instituciones, organizaciones y asociaciones de gremiales y empresarios, que estaban movilizados o en apronte de movilización.

Siles señaló que no habría mayores motivos para continuar con algunas protestas o reclamos específicos con relación a esa disposición.

“El Gobierno boliviano, va a cumplir como lo ha hecho en otras oportunidades este auto dictado, que es de carácter vinculante. Lo que implica que no se puede adoptar ninguna medida administrativa o legal, para aplicar una disposición que, por mandato de la justicia boliviana, ha quedado en suspenso”, explicó el ministro.


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