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- 2026-03-02
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El Ministerio de Salud ha oficializado la nómina de las 22 víctimas fatales del trágico siniestro del Hércules FAB-81 en El Alto. El informe técnico confirma que entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de edad, seis mujeres y 12 varones, marcando una de las jornadas más oscuras para la aviación militar boliviana en la zona del Barrio Municipal.
Esta tragedia humana se analiza hoy bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde la pérdida de vidas se entrelaza con el escándalo del saqueo masivo de valores estatales. Mientras los equipos de rescate intentaban recuperar los cuerpos entre los restos de la aeronave, una multitud de 5.000 personas priorizó el pillaje de los sacos de dinero que transportaba el avión.
El desarrollo de las investigaciones de la FELCC indica que el accidente ocurrió el viernes en la avenida Costanera, cerca del puente Bolivia. La aeronave sobrepasó el perímetro oeste del Aeropuerto Internacional de El Alto antes de precipitarse, llevando un cargamento de 77.4 millones de bolivianos, de los cuales se calcula que 23.2 millones fueron sustraídos por los presentes.
Desde la otra acera, los familiares de las víctimas claman por justicia y respeto al dolor, denunciando que la aglomeración de saqueadores dificultó las tareas iniciales de salvamento. La indignación crece al contrastar el luto de 22 hogares con la actitud de quienes aprovecharon el fuego para recolectar billetes de baja denominación esparcidos en el suelo.
Personal de la División Homicidios y Escena del Crimen ha concluido las autopsias médico-legales para establecer las causas exactas de la muerte de los tripulantes y pasajeros. El proceso de identificación fue complejo debido al impacto y el posterior incendio de los depósitos de carburantes del Hércules, que consumieron gran parte de la estructura.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo coordinan la entrega de los restos a sus allegados, mientras la fiscalía intenta avanzar en la recuperación del botín. La presión social aumenta ante la cifra de apenas 51 procesados, una cantidad ínfima comparada con los miles de ciudadanos captados en videos participando del robo.
La "menudencia" de billetes de 10 y 20 bolivianos se ha convertido en el rastro del delito en las zonas aledañas al siniestro, complicando el rastreo financiero del dinero faltante. La incapacidad estatal para contener a la turba durante los primeros 30 minutos tras el impacto permitió que el 30% del cargamento desapareciera en manos civiles.
El luto nacional decretado no ha frenado los operativos de allanamiento en El Alto, donde se busca recuperar los recursos del Estado que debían llegar a las bóvedas bancarias. La prioridad de Salud ahora es el acompañamiento psicológico a los sobrevivientes y familiares, quienes enfrentan un proceso de sepelio bajo custodia de evidencias.
Finalmente, el país observa con estupor cómo la tragedia y la codicia se fundieron en un solo escenario de caos en la urbe alteña. La investigación técnica del siniestro deberá determinar si hubo negligencia en la carga, mientras la justicia penal intenta identificar a los instigadores del saqueo masivo.