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El uso de los fondos pblicos, producto del pago de los impuestos del ciudadano, est determinado por la ley general del presupuesto de la nacin, que se aprueba por la Asamblea Plurinacional Legislativa, cada ao, en el cual se establecen las partidas presupuestarias que deben regir ese uso. Cualquier transgresin a estas partidas se considera malversacin de fondos y esta penado por ley.
Los ministerios de la Presidencia, Gobierno, Defensa y Obras Pblicas, Servicios y Vivienda cuentan con el 70% del total del presupuesto que fue asignado a los 20 ministerios por el rgano Legislativo tras la aprobacin del presupuesto General del Estado (PGE-2018). El monto de las cuatro carteras de Estado llega a los Bs. 13.666 millones, del total del presupuesto ministerial, que asciende a Bs. 19.536 millones Informacin prestada por El Deber 20 de enero 2018.
Esto significa que el 70 por ciento del presupuesto esta concentrado en cuatro carteras ministeriales que responden, todas, a la presidencia de la repblica para promover la imagen presidencial. Los fondos concentrados en las carteras de Gobierno y Defensa (6.979 millones de bs.) son destinados al uso de la represin camuflada como seguridad ciudadana, Obras Publicas, Servicios y Vivienda se destinan para desgranar obras que deben servir para propaganda del seor presidente
Esta distribucin presupuestaria esta lejos de reflejar una poltica social que priorice a la salud y educacin. Demuestra la intencin de usar los escasos recursos que tenemos en funcin a proyectar la imagen de un funcionario publico que ejerce transitoriamente las funciones de presidente. Pues bien, no es difcil justificar el gasto cuando se trata de encubrir los caprichos de un presidente, que como un adolecente no mide la dimensin de los que hace porque simplemente quiere hacer y punto.
El desprecio con el que se acta nos muestra un cierto grado de descomposicin moral del gobernante, que usa y abusa del cargo que ostenta. Ya no es solo la cantidad de dinero despilfarrado sino la tica que debe demostrar un presidente en el uso de los dineros encomendados para que los administre en funcin al inters general.
Y no es solo gasto, sino tambin son las prebendas o pagos por servicios polticos prestados, como el caso del seor Jos Flores Monterey designado como Representante Permanente ante los organismos internacionales en Ginebra, ciudadano que vot a favor de la re eleccin indefinida del seor Evo Morales. Un claro uso de trafico de influencias en razn al cargo. Otra muestra de desprecio por la ciudadana, que se hace desde el poder.
Las amenazas vertidas por el ministro de gobierno para justificar el crimen de un universitario y el desafo posterior a la protesta popular, de no renunciar atribuyendo a la derecha tal demanda es otra demostracin de soberbia y descomposicin moral del gobierno. Por ultimo, el pago de 46.2 millones de dlares americanos a la empresa Quiborax, a la que el presidente Carlos Mesa le quit las concesiones por defraudacin al Estado, medida que fue ratificada por el presidente Eduardo Rodrguez corrigiendo errores de procedimiento, que no fueron debidamente defendidas por el seor Arce que hace las funciones de todo terreno en el gobierno y que se apresura a pagar esa suma a una empresa que no haba invertido mas que un milln de dolares y haba utilizado documentos falsos en la sustanciacin del juicio, muestran la enorme degradacin moral al que ha llegado un gobierno.
Ciertamente parece que no les importa lo que hacen ni sus consecuencias futuras, estn convencidos de que tienen 500 aos por delante y en esa lgica nadie ni nada puede frenarlos. Esta descomposicin moral es contagiosa. Es una forma de decirle al ciudadano que los delitos cuando se repiten dejan de serlo para convertirse en ejemplos. Es como una invitacin a delinquir, porque la ley estorba y cuando lo hace se le mete noms y despus se arregla.
