Condenas Erróneas

Tanto la doctrina como la jurisprudencia est�n de acuerdo con la procedencia de la indemnizaci�n por parte del Estado cuando se ha condenado err�neamente a un imputado.

Existen Tratados Internacionales con jerarqu�a constitucional que tratan este tema, como ser la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos� de Costa Rica), que en su art. 10 dispone: �Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial�.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, en su art. 9 num. 5) establece:�Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendr� el derecho efectivo a obtener reparaci�n�.

Asimismo, el art. 14 num. 6) de dicho Tratado Internacional se�ala textualmente lo siguiente: �Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisi�n de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deber� ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido�.

En Bolivia, las sentencias condenatorias ejecutoriadas pueden ser nuevamente examinadas mediante el recurso de revisi�n cuyo tr�mite se encuentra previsto en los arts. 421 y siguientes del C�digo de Procedimiento Penal (CPP). Cuando por esta v�a se consigue la absoluci�n o la extinci�n de la pena del injustamente condenado, se debe ordenar su inmediata libertad, su rehabilitaci�n plena, el pago de la indemnizaci�n adem�s de la devoluci�n de los objetos confiscado como tambi�n la publicaci�n de la declaratoria de absoluci�n o extinci�n de la pena en un medio de comunicaci�n social de alcance nacional.

La responsabilidad de indemnizar tanto del Estado como del servidor p�blico en caso de�condena por error judicial� tiene como fundamento constitucional, el art. 113 que es aplicable para cualquier proceso.

Estado de Derecho y responsabilidad son conceptos correlativos. Dicha responsabilidad concurre cualquiera sea el �rgano estatal o funcionario causante del agravio, por cuanto cumple una funci�n estatal, pertenecen a la estructura del Estado y se encuadran dentro de su personalidad.

De all� que teniendo en cuenta la presunci�n de solvencia, dicha indemnizaci�n es exigida principalmente al Estado dado que una persona natural (es decir: el servidor p�blico causante del agravio) podr�a resultar ser insolvente y por consecuencia el damnificado nunca conseguir�a aquella indemnizaci�n.

La responsabilidad estatal puede ser directa o indirecta (subsidiaria). Para que sea directa deben concurrir como requisitos el acto leg�timo del Estado, existencia del deber legal de reparar y la existencia del da�o resarcible.

Para que emerja la responsabilidad subsidiaria (actos ilegales del servidor p�blico insolvente) debe existir el nexo causal entre la acci�n comisiva u omisiva y la lesi�n resarcible o el da�o.

En ese sentido, los responsables de los agravios pueden ser jueces, fiscales y dem�s funcionarios que hubieren ocasionado los da�os materiales (lucro cesante y da�os emergentes) y los da�os inmateriales o morales, conforme establece el art. 95 del C�digo Penal.

De acuerdo con el art. 275 del CPP se puede reclamar la indemnizaci�n en el mismo proceso penal o en otro que corresponda (especialmente se acude a la v�a civil aunque existe doctrina que menciona la posibilidad de un contencioso administrativo).

El da�o por lucro cesante deber� ser pagado por el Estado mediante el Fondo de Indemnizaciones a cargo del Consejo de la Magistratura cuya base de determinaci�n consiste un d�a de pena privativa de libertad equivalente a un d�a de haber del sueldo que percib�a el damnificado o en su defecto, equivalente a un d�a del salario m�nimo nacional, tal como se encuentra previsto en los arts. 274 al 276 del C�digo de Procedimiento Penal.

Una vez realizado dicho pago, posteriormente, el Estado a instancias de la Procuradur�a General del Estado podr� iniciar una acci�n de repetici�n al servidor p�blico causante del referido da�o econ�mico de conformidad con los arts. 113, 228 y 231 de la Constituci�n.

En cuanto a los da�os emergentes (esto es, p�rdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de aquel acto, por ejemplo: los gastos econ�micos que el damnificado tuvo que realizar durante el proceso penal en su contra, los honorarios profesionales de abogado, costas, deudas contra�das, etc.) y el da�o moral ocasionado (el cual es de dif�cil contabilizaci�n dado que son irreparables) deben ser reclamados al Estado y al servidor p�blico que ocasion� dichos da�os.

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por error judicial cumple una doble funci�n, esto es, la de reparar el perjuicio ocasionado al damnificado como tambi�n tiene un car�cter preventivo, es decir la b�squeda de mejoramiento a la administraci�n de justicia, calidad institucional y una mejor imagen para ella, dado que acudir a los �rganos jurisdiccionales deber�a ser una garant�a de los ciudadanos (art. 115 de la Constituci�n) adem�s de que impone la obligaci�n de dotar de profesionales aptos y calificados para dichas instituciones.

De all�, por ejemplo, una de las propuestas que propongo en el libro �Los Delitos de Corrupci�n� (p�g. 306) es que dentro del r�gimen disciplinario se establezca como causa grave para destituci�n del cargo, el hecho de que un fiscal tenga tres juicios penales perdidos con sentencia absolutoria ejecutoriada, donde el argumento y fundamento principal sea: a) la ausencia de delito (es decir el hecho no constituye delito); b) que el imputado no particip� en el hecho; y, d) cuando el fiscal hubiera retirado la acusaci�n previo o durante el juicio oral, sin justa causa demostrable. De esta manera, se tendr�a cierta credibilidad al momento que un fiscal decide llevar a una persona a juicio oral.

Ser autoridad dentro del sistema de administraci�n de justicia no se traduce tan solo en haber conseguido �una pega� para subsistir y conseguir posteriormente una jubilaci�n tampoco son profesionales inferiores dado que tienen una funci�n relevante puesto que son ellos quienes resguardan bienes que poseen jerarqu�a constitucional, como ser: la vida, las libertades individuales, la propiedad privada, etc. Han sido nombrados y posesionados porque se entender�a que re�nen los requisitos necesarios para cumplir el cargo y por ende �stos no pueden escudarse en ella para provocar da�o a las personas que acuden a su jurisdicci�n y competencia sino m�s bien se les encomienda promover certidumbre y certeza jur�dica a la sociedad contribuyendo de esta manera a la paz social, a un mejor ambiente de inversi�n y productividad para el pa�s.