El día del despropósito constitucional

La Constituci�n boliviana, en el caso del cargo a presidente y vicepresidente del pa�s, establece que podr�n ser reelegidos solo una vez de manera continua (art. 168 CPE), siendo por lo tanto una de las reglas constitucionales de la democracia en nuestro pa�s, la cual debe ser respetada y no debe ser cambiadas a simples caprichos de las autoridades de turno.

Cabe recordar que existen dos refer�ndums en Bolivia, en las cuales el soberano decidi� que el periodo de mandato para presidente y vicepresidente de Estado sea cinco a�os y puedan ser reelectas por una sola vez de manera continua, estos son: 1) el refer�ndum de fecha 25 de enero de 2009 (aprobando el proyecto de Constituci�n prestado por el H. Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 con los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional); y, 2) el refer�ndum de fecha 21 de febrero de 2016 mediante el cual el pueblo decidi� por el NO a aquella pretensi�n a favor del actual presidente a postularse nuevamente a una elecci�n. Cabe mencionar que el "No" gan� con algo m�s del 51% de los votos, mientras el "S�" obtuvo algo menos del 49% de votos restantes, rechaz�ndose el proyecto constitucional.

En Bolivia, los jefes de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) interpusieron una acci�n abstracta de inconstitucionalidad de los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley N� 026 de 30 de junio de 2010 (Ley del R�gimen Electoral), solicitando por este medio la inaplicabilidad de los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constituci�n y por consecuencia, la implementaci�n de la reelecci�n indefinida de autoridades en nuestro pa�s.

Esta situaci�n sin duda alguna posee un contexto eminentemente pol�tico pero en un escenario jur�dico, lo cual motiva a un interesante debate acad�mico.

Durante el atardecer del d�a martes 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dej� de ser guardi�n de la Constituci�n, pues alegando absurdamente aplicaci�n preferente del art. 23 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sobre el art. 168 de la Constituci�n dispuso la inaplicaci�n de normas constitucionales (arts. 168, 285 y 288 de la CPE), arrojando por la borda el derecho de los bolivianos a vivir en democracia.

Lo que ha sucedido es "Derecho ficci�n" y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. El TCP no tiene competencia para inaplicar normas constitucionales (como los son los arts. 168 y siguientes de la Constituci�n) y tampoco para interpretar a su libre arbitrio la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, dado que esa es una atribuci�n privativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Independientemente de la b�squeda de responsabilidad en los magistrados por resoluciones contrarias a la Constituci�n y otros il�citos incurridos, este fallo deber� ser interpretado en el a�o 2019 por parte del Tribunal Supremo Electoral, y el ciudadano podr�a exigir la inhabilitaci�n del candidato en funci�n de gobierno y en caso de rechazo, interponer Amparo Constitucional. Asimismo, ser�a muy interesante y �til desarrollar una doctrina sobre �el derecho a vivir en democracia� como derecho colectivo exigible mediante acci�n popular.

Cada ciudadano como miembro de la colectividad posee el �derecho de vivir en democracia� y esto implica entre otras cosas: �el respeto y el cumplimiento de sus decisiones y manifestaciones mediante mecanismos constitucionales como el refer�ndum (refer�ndum del 25 de enero de 2009, refer�ndum del 21 de febrero de 2016) adem�s de la no concentraci�n del poder pol�tico; que los servidores p�blicos sean responsables ante la comunidad que los elige; y, que exista la periodicidad en los cargos p�blicos conformes a las normas de la Constituci�n�. Todo ello ha sido desconocido por el TCP.

Cuando hablamos de �democracia� es necesario hacer un ejercicio mental que nos posibilite recordar su concepto, cuya palabra es de origen griego que significademos, pueblo, conjunto de ciudadanos y kratos, autoridad o kratein, gobierno, es decir la participaci�n del pueblo en la formaci�n, conducci�n y control de los �rganos del gobierno.

Es decir que la voluntad del pueblo es la base del poder p�blico, como claramente lo expresa la Asamblea general de las Naciones Unidas.

El art�culo 21 numeral 3) de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, se�ala claramente: �la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder p�blico; esta voluntad se expresar� mediante elecciones aut�nticas que habr�n de celebrarse peri�dicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto�.

Este articulado constituye el nexo primordial entre democracia y derechos humanos. Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en los instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de ciertos grupos (por ejemplo, los pueblos ind�genas, las mujeres, las minor�as, las personas con discapacidades, los trabajadores inmigrantes y sus familias) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la inclusi�n de todos los grupos, incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y pol�ticos.

No es correcto otorgar a la democracia un valor absoluto por cuanto ello implica confundir mayor�a con unanimidad. Si la democracia es considerada un valor m�s all� de ciertos principios tales como divisi�n de poderes, la alternancia en el poder, transparencia del acto p�blico, entre otros, nada impedir� que en nombre de una mayor�a se vulnere los derechos de alg�n individuo. Sin duda alguna, es riesgoso que una persona sea considerada como un ser mesi�nico y representante absoluto de la voluntad del pueblo, pretendiendo la consagraci�n del poder a un solo clan.

Ante tal situaci�n, resulta oportuno recuperar la idea de una democracia que implique el cuidado de principios directrices que no puedan ser menoscabados en nombre de una mayor�a accidental. Si se suprime la formalidad de las elecciones o altera su desarrollo normal porque solo importar�a la imaginaria sustancia del deseo del pueblo que aparece ante los caudillos cual revelaci�n m�stica, se termina legitimando un r�gimen absolutista y abusivo, tal como sucedi� con dictaduras cuyos l�deres electos democr�ticamente, y en nombre de esa democracia avasallaron con los derechos b�sicos del hombre as� como el nacional socialismo (nazis) con sus aberrantes y deplorables crimines cometidos pretendi�ndose ampararse en la ley.

De all� que debemos entender que la democracia al no poseer un valor absoluto constituye en realidad una estupenda herramienta para alternar el poder pac�ficamente y cambiar cuando una fuerza, un movimiento o un partido pol�tico no ha sabido ser congruente con las finalidades prometidas.

Esta herramienta valiosa tiene que ser utilizada por toda la naci�n para exigir mayores libertades y no someterse perpetuamente a la voluntad de una �lite pol�tica que llega apoderarse del aparato gubernamental.

De esta manera el sistema democr�tico posibilita la no concentraci�n del poder pol�tico en uno o unos pocos, que los servidores p�blicos sean responsables ante la comunidad que los elige, que exista de forma objetiva la periodicidad en los cargos p�blicos, que se conozcan los actos de gobierno incentivando la transparencia de en sus funciones.

La instauraci�n y preservaci�n de la democracia supone una contienda permanente contra los residuos del autoritarismo, pregonando el Estado Social y Democr�tico de Derecho, afianzando los derechos y las libertades de todos, oponi�ndonos contra cualquier tipo de violencia sea �sta partidaria o no, enfocando y aunando los esfuerzos para lograr una verdadera paz social en toda la amplitud de su significado.

De all� que el �vivir bien�, �vida armoniosa� y �vida buena� como principios �ticos morales de la sociedad plural prevista en el art. 8.I de la Constituci�n boliviana (CPE) trae consigo mayor relevancia dentro de un Estado democr�tico (art. 1 CPE).

Estos principios �ticos morales se encuentran por lo tanto �ntimamente ligados a una vida de respeto de los Derechos Humanos y en consecuencia los Derechos Humanos son la �tica de la democracia.

La democracia prev� el pluralismo y el derecho a disentir, por cuanto se fundamenta en el derecho, no as� en el temor, en contraste con el abuso del poder y la secrec�a de las autocracias o las cleptocracias totalitarias, implica tambi�n transparencia en la informaci�n, medios de comunicaci�n libres, responsables y comprometidos con la verdad tanto de los servidores p�blicos como de los medios de comunicaci�n y el acceso a la educaci�n, salud, medios de producci�n y estabilidad para los ciudadanos.

Una de las principales caracter�sticas de la democracia es el sufragio universal, el respeto y cumplimiento de sus resultados.

En contrapartida, un sistema que no garantice estas libertades m�nimas no puede ser catalogado de democr�tico. Por ende, cualquier acci�n u omisi�n que se realice desde el gobierno, menoscabando las libertades democr�ticas, como ser el respeto al voto, el cumplimiento de la voluntad popular manifestada mediante los refer�ndums, dejando as� de lado el desarrollo de un estado social democr�tico de derecho, trae consigo un claro rev�s en la construcci�n de una verdadera democracia.

El refer�ndum en palabras de L�pez Guerra, consiste en el sometimiento de una resoluci�n a un conjunto de todos los ciudadanos, para que pronuncien sobre su acuerdo o desacuerdo con ella; representa, pues, una manifestaci�n directa de la voluntad popular.

Ahora bien, as� como el ciudadano es tomado en cuenta y realiza una manifestaci�n directa de la voluntad popular (refer�ndum del 2009 y refer�ndum del 2016), del mismo modo, amerita que �ste cuente con un mecanismo constitucional tutelar que proteja aquella decisi�n tomada por ese conjunto de todos los ciudadanos, m�xime si son derechos impl�citos de vivir en democracia.

Toda persona perteneciente a la colectividad o comunidad tiene el derecho de vivir en democracia y en consecuencia debe exigir su tutela correspondiente.

El vivir en democracia es un derecho colectivo por cuanto se trata de intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculaci�n com�n; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada, esto es, la naci�n boliviana prevista en el art. 3 de la Constituci�n.

El derecho a vivir en democracia sin duda alguna es un inter�s com�n de toda la naci�n boliviana, si no fuese as�, no tendr�a sentido haberse constituido como tal y establecerse como modelo de Estado de un pa�s llamado Bolivia, constituido en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democr�tico, intercultural, descentralizado y con autonom�as, tal como prev� el primer art�culo de la Constituci�n.

En ese sentido, es incorrecto entender el derecho a vivir en democracia como si se tratase �nicamente de un derecho individual, por cuanto es un derecho de toda la naci�n boliviana en su conjunto y en consecuencia cualquier defensa de �ste derecho no puede ser entendido como una acci�n que busca intereses particulares, m�s a�n cuando el da�o a ocasionarse es a una generalidad de personas perteneciente a la colectividad.

En el marco de una interpretaci�n integradora y extensiva, considero que para toda la regi�n latinoamericana amerita el desarrollo de una doctrina constitucional sobre la acci�n popular como mecanismo constitucional de tutela a favor del �derecho colectivo a vivir en democracia�, posibilitando de esta manera, que las personas pertenecientes a la colectividad puedan hacer valer su voluntad expresada mediante refer�ndums que no autorizan la reelecci�n indefinida en sus pa�ses, m�xime por lo pernicioso y nocivo que esto representa, dado que todo candidato oficial goza de enorme ventaja competitiva frente a los dem�s candidatos por cuanto tiene a su merced toda una maquinaria publicitaria, estatal, entre otras, resultando ser totalmente discriminatoria y vulneratoria de derechos y garant�as constitucionales.