No pasemos del error al horror

Recientemente fui entrevistado en medios radiales nacionales, como ser en las ciudades de Sucre (Radio La Plata) y Santa Cruz (El Deber Radio), tambi�n particip� en un interesante conversatorio en el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, sobre la pr�rroga de mandato a autoridades electas nacionales y subnacionales.

Existen quienes sugieren que debe continuar el �rgano Ejecutivo y cerrarse el Legislativo, aduciendo que la presidente Jeanine A�ez no tiene fecha de finalizaci�n m�s que la entrega del mando a quien gane las elecciones mientras que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe cerrar su ciclo y ser clausurada, debiendo el pa�s en ese �nterin ser gobernado a punta de decretos y decretos leyes; e incluso no falt� voces que de forma figurada (en alusi�n a los cuatro �rganos de poder: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) adujeron que una mesa cuadrada de cuatro patas puede perfectamente quedarse fija con tres patas y funcionar como mesa.

En geometr�a un cuadrado es una figura plana de cuatro lados iguales y cuatro �ngulos interiores rectos, por ende, no existe mesa cuadrada que ante la falta de una pata evite caerse.

Aquella elucubraci�n de la mesa cuadrada coja no es tal pues no es que no exist�a �rgano Electoral, lo que se hizo es nombrar a nuevas autoridades ante el tremendo fraude electoral cometido por las anteriores autoridades. Si las anteriores autoridades electorales est�n siendo procesadas es porque fung�an en dichos cargos.

Ahora bien, la actual presidente Jeanine A�ez recibi� el mando presidencial por sucesi�n constitucional del cargo (arts. 169-I, 170 y art. 35 par�grafo I y art. 41 del Reglamento General de la C�mara de Senadores), �en reemplazo� de un presidente que renunci� y abandon� su cargo (al salir del pa�s con destino a M�xico), cuya gesti�n concluye este 22 de enero de 2020.

En fecha 24 de noviembre del a�o 2019, la presidente constitucional Jeanine A�ez, conforme establece el art. 169-I de la Constituci�n, realiz� la convocatoria a nuevas elecciones, mediante la promulgaci�n de la Ley N� 1266 (Ley de R�gimen excepcional y transitorio para la realizaci�n de Elecciones Generales).

Ahora bien, no existe duda alguna que en el anterior r�gimen de gobierno se cometi� una serie de actos de abuso de poder y vulneraciones a los Derechos Humanos, y entre ellas, se encuentra el fraude electoral, el m�s vergonzoso de la historia de Bolivia.

Este fraude electoral ha provocado que sea humanamente imposible materializar elecciones generales antes del 22 de enero de 2020, fecha cuando concluyen la duraci�n de funciones tanto del Ejecutivo (art. 168 de la Constituci�n boliviana � CPE) como del Legislativo (art. 156 de la CPE).

Est� claro que como consecuencia de dicho fraude electoral nos encontramos ante una situaci�n de anormalidad constitucional.

El hecho de que sea imposible posesionar a las nuevas autoridades en esa fecha (22 de enero de 2020) es algo anormal, no previsto (producto de la ilicitud del fraude electoral), por lo tanto, no es sustancial.

No existe ning�n art�culo constitucional que establezca la pr�rroga autom�tica o la pr�rroga t�cita de mandato ni su aplicaci�n ipso facto a simple criterio antojadizo de la propia autoridad o de sus colaboradores que as�, de prepo, lo crean o aduzcan.

Como se dijo ya se cumpli� con la convocatoria a elecciones pero ante el colosal fraude electoral perpetrado durante el anterior r�gimen de gobierno trastoc� los plazos (es humanamente imposible elegir nuevas autoridades antes del 22 de enero del 2020) y en consecuencia dicho fraude provoc� este estado de anormalidad constitucional.

De all� que es correcta la actuaci�n de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al haber emitido una ley de pr�rroga al mandato de las autoridades electas nacionales y subnacionales, y que la misma hubieran elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que �ste efect�e el control previo de constitucionalidad a dicha ley.

En ese sentido, no podemos decir, que para unos es posible prorrogar el mandato y para otros no. Advi�rtase que incluso en situaciones normales, durante los recesos, la Asamblea Legislativa Plurinacional en ning�n momento cierra, dado que se establecen y funcionan comisiones (art. 154 CPE).

Frente a las anormalidades constitucionales, la doctrina sugiere que deben ser superadas a trav�s de la excepcionalidad, mediante una interpretaci�n sistem�tica en concordancia pr�ctica de la Constituci�n, no a trav�s de simples enunciados o elucubraciones te�ricas con excesivos formalismos sin sentido pr�ctico y sistem�tico.

Es decir, lo que se busca es reconducir el estado de anormalidades a la normalidad. Si en situaciones normales, las elecciones nacionales se realizan con todos los poderes constituidos en funcionamiento, �cu�l es entonces el sentido, de no hacerlo as�?. Reitero, lo que se busca es consolidar la normalidad, no as� la anormalidad.

Es m�s, recordemos que la Declaraci�n Constitucional N� 0003/2001, ha se�alado con bastante claridad que un excesivo formalismo, en el caso de la sucesi�n presidencial, no puede ser �bice para que el pa�s cuente con autoridades nacionales electas, por lo que �ste razonamiento de forma an�loga es tambi�n aplicable al presente caso.

As� tambi�n, la Declaraci�n Constitucional Plurinacional N� 001/2013, establece que �en un Estado Constitucional de Derecho, todas las normas tienen que ser acordes a la Norma Suprema, teniendo como finalidad esencial el posibilitar que las normas constitucionales sean eficaces, en t�rminos de ser materialmente verificables. En ese orden, la ALP, que expresa y ejecuta legislativamente la voluntad del soberano, tiene la obligaci�n de hacer efectivas las normas constitucionales y materializar el contenido de la Constituci�n�.

El TCP, dado que debe realizar el control previo de constitucionalidad sobre aquella ley de pr�rroga de mandato a las autoridades electas que ha sido remitido en consulta, conforme establece el art. 196-II de la CPE, en su funci�n interpretativa, aplicar� como criterio de interpretaci�n, con preferencia la voluntad del constituyente, y tambi�n, conforme al tenor literal de la Constituci�n (�ltimo p�rrafo del art�culo 196-II de la CPE).

En ese sentido, el Constituyente ha establecido en el art. 7 de la CPE que la soberan�a reside en el pueblo, es decir toda autoridad p�blica deriva y legitima su investidura de la voluntad popular; por lo tanto, requiere de una legitimaci�n democr�tica. El poder pol�tico del Estado en esencia pertenece al pueblo.

El art. 1 de la CPE, establece que Bolivia es un Estado Constitucional de Derecho, libre, soberano, democr�tico, etc.; y, en ese entendido, el art. 11 de la CPE se�ala que Bolivia adopta para su gobierno la forma democr�tica participativa, representativa y comunitaria; esto es, que en protecci�n del principio de soberan�a popular, los ciudadanos delegan una parte de su soberan�a a sus mandatarios y representantes a quienes lo eligen mediante el voto universal, directo y secreto.

La actual Constituci�n �aprobada por el pueblo� mediante refer�ndum, en su disposici�n transitoria primera, par�grafo IV, establece la excepcionalidad de la pr�rroga de mandato a autoridades electas, por lo tanto, queda claro que esta situaci�n es constitucionalmente posible.

Son autoridades electas tanto el presidente del Estado como los asamble�stas de la ALP as� como tambi�n los alcaldes, concejales municipales, entre otros; por consecuencia, acorde con la soberan�a del pueblo, se tiene que llevar a cabo necesariamente las elecciones generales con los poderes constituidos en funcionamiento.

Si insistimos err�neamente en no transformar situaciones an�malas en situaciones normales, podr�amos pasar del error al horror, es decir a algo terrible y espantoso como lo es provocar un quiebre del Estado Constitucional Democr�tico de Derecho en Bolivia, demostrando una aversi�n profunda a los postulados y principios democr�ticos.

Como vemos, no se trata de pasiones ni de gustos tampoco de colores pol�ticos, se trata de que si como bolivianos hemos decidido tener un Estado Constitucional de Derecho con r�gimen democr�tico representativo, etc., debemos regirnos bajo dichos postulados y principios, como ser: soberan�a popular, alternancia de poder, divisi�n de poderes, separaci�n de funciones con poderes constituidos en funcionamiento, entre otros.